lunes, 22 de mayo de 2017

196. La Muerte Civil Para Funcionarios Corruptos, viejo anhelo ciudadano, siempre planteado y nunca aprobado

La Muerte Civil ha sido planteada por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando instaló la Comisión de Integridad

Hace 30 años, el jurista y entonces diputado aprista, Javier Valle Riestra logró que la Muerte Civil fuera aprobada por el Senado, nunca se discutió en Diputados. Y este es un recuerdo válido que permite lanzar la pregunta ¿Y QUE FUE DE LA MUERTE CIVIL para los funcionarios corruptos, anunciada por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando instaló la Comisión de Integridad, hace tres meses?

Bueno ahora no hay respuesta, existe silencio total. Tal vez porque miembros del gobierno están metido en el caso Lava Jato, y no hay nada, para mí lo increíble es que hace 30 años escribí un artículo sobre lo mismo, que publicó la Agence France Presse, el 20 de setiembre de 1986, la norma fue presentada por el propio Alan García, en el inicio de su primer gobierno y quedó en nada. A continuación mi artículo:

"Con una drástica "Ley de Moralización Pública", que contiene sanciones como la inhabilitación civil perpetua de un ciudadano y penas de prisión que pueden llegar hasta los 20 años, el gobierno peruano prepara un paso decisivo contra la corrupción de funcionarios del Estado.

La nueva norma contra la corrupción y que es la primera en su género en el Perú, cuenta con aspectos novedosos para el derecho peruano, como la institución de: "el impedimento de un ciudadano a volver a ocupar cargos públicos de cualquier índole", ya sea por elección o por designación.

Esta Ley estuvo encarpetada en el Senado desde el pasado 28 de julio de 1985, cuando el Presidente socialdemócrata Alan García asumió el gobierno y entregó al parlamento una serie de dispositivos que requería con carácter de urgencia para iniciar su mandato.

El Senado, sin mayor publicidad inició el debate de la Ley y la aprobó rápidamente en el desarrollo de su última sesión semanal con la finalidad de que entre en vigencia de inmediato.
Voceros parlamentarios del gubernamental Partido Aprista indicaron que la Cámara de Diputados, tiene previsto aprobarla a la brevedad posible conforme al texto acordado en el Senado, ya que su vigencia es imprescindible para la buena marcha de la administración pública.

Pocas veces en el Perú, los grandes escándalos de corrupción de funcionarios dejan las páginas periodísticas para ventilarse en los ambientes judiciales, y esta ley ha motivado que diversos juristas peruanos se pronuncien a su favor considerando que se logrará sancionar a los funcionarios corruptos.
El senador aprista, Javier Valle Riestra, quien fue el encargado de la redacción de la "Ley de Moralización Pública", dijo que el objeto básico es lograr que el servidor público, sea un funcionario de conducta intachable.

"El Perú tiene la urgente necesidad de que el empleado público sirva al Estado en lugar de servirse de él en beneficio propio o de terceros", señaló Valle Riestra.

Las máximas sanciones serán aplicadas a los funcionarios que se apropien o utilicen arbitrariamente los dineros fiscales que estén bajo su custodia y alcanza también a los magistrados que vendan sus sentencias en un juicio de tipo criminal.

La ley incide particularmente en la defensa de los derechos humanos, y los magistrados que entorpezcan las denuncias que se les haya interpuesto en este sentido serán expulsados del Poder Judicial y se les impondrá la inhabilitación civil perpetua, además de dos años de cárcel.
Igualmente las sanciones son severas para los fiscales que se nieguen a interponer las acusaciones judiciales en los casos que la Ley, los obliga.

La inhabilitación perpetua con pena de prisión variable hasta diez años será la sanción para los funcionarios que se enriquezcan ilícitamente y para los casos de soborno. Se incluye también a los empleados del Correo Postal que se apoderen de la correspondencia a su cargo.

La Ley contra la corrupción ha cobrado una inusitada vigencia para el gobierno aprista, estimaron los analistas ya que desde hace un mes soporta el ataque frontal de la oposición, sobre unos contratos petroleros suscritos por la empresa estatal Petromar con una de carácter privado Petro-Pacífico.

Estos contratos petroleros por un monto de cinco millones de dólares son de materia de investigación oficial, por la acusación de la oposición de la existencia de corrupción en los mismos, precipitando la renuncia de los principales funcionarios del sector petroleo; Alfredo Carranza y Carlos Lisier.
La Ley de Moralización carecerá de efecto sobre los contratos entre Petromar y Petro-Pacífico, pero limitará al máximo los casos futuros de corrupción, señalaron los analistas."

Comprenderán que me había olvidado de este artículo, al igual que todo el mundo y redactado a partir de una entrevista con el Dr. Javier Valle Riestra.

Las fotos son de cuando el Presidente Pedro Pablo Kuczynski, anunció, sin dar crédito de autoría al Dr, Valle Riestra, en la instalación de la Comisión Presidencial de Integridad en Palacio de Gobierno el pasado 25 de octubre de 2016. Las fotos son de Renzo Salazar de Perú 21.

Jurista Javier Valle Riestra, autor de la ley de la Muerte Civil de Funcionarios aprobada por el Senado y nunca por la Cámara de Diputados.

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